Analistas económicos y banqueros consultados por WE coinciden en la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema local, pero discrepan con la idea de encuadrar a la actividad bancaria en un servicio público, tal como plantea el proyecto del diputado Carlos Heller para reformar la ley vigente. Los efectos colaterales de la “sobreregulación”.
La ley de servicios financieros que presentó el diputado Carlos Heller, del bloque Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, tiene el sello que le imprime la carrera de banquero cooperativista de Heller y cuenta con el apoyo cantado del kirchnerismo, que acompañó y aplaudió la presentación del proyecto la semana pasada.
“La ley 21.526 que heredamos de la dictadura desreguló fuertemente el sistema financiero, pues establece que los bancos comerciales pueden realizar todo tipo de operaciones que no sean prohibidas por la ley, que son muy pocas. Es el mercado, es decir, la política de los grandes bancos privados, la que asigna las operatorias, la aplicación de los fondos, los costos y la rentabilidad”, explicó Heller ese día.
En tiempos de debates poco edificantes, hubo un notable consenso de analistas económicos, banqueros y representantes del mercado financiero que hablaron con WE: es necesario mejorar el funcionamiento del sistema y, sobre todo, hace falta decisión política para crear en la Argentina un mercado de capitales, completamente ausente hoy.
“El país nunca ha tenido un mercado de crédito ni un mercado de capitales y los necesita. En el sistema hay sólo depósitos transaccionales de la gente y para generar un mercado de capitales hace falta estabilidad”, dice Roberto Cortés Conde, historiador económico y profesor de la Universidad de San Andrés. “Las regulaciones financieras del país estuvieron siempre en manos del Banco Central, que desde su primera carta orgánica ha analizado la salud de las carteras bancarias”.
Si bien la mayoría de los consultados cree que hacen falta mejoras, no todos opinan que sea necesario promulgar una ley, ya que la Carta Orgánica del Central -complementada por normativas de direccionamiento del crédito hacia ciertas actividades por parte del Ministerio de Economía- serían más que suficientes para cumplir los objetivos reguladores propuestos por los diputados cercanos al Gobierno.
“El crédito debe ser considerado un servicio público”, declara Heller, y esa idea que atraviesa su proyecto de ley es la más objetada.
“El proyecto de ley encuadra la actividad bancaria como un servicio público. A partir de ahí genera un amplio espacio para que el Gobierno, y no sólo el Banco Central, intervenga y limite los espacios de decisión en función de objetivos dictados, con buena o mala intención, desde el poder”, dice Manuel Solanet, de la consultora Infupa. Y agrega: “En otros países, en general, las regulaciones al sistema financiero persiguen asegurar la solvencia y la competencia. Después de la crisis se han acentuado las regulaciones para evitar burbujas y la falta de información a los ahorristas”.
“Yo no creo que los bancos lleguen a ser un servicio público porque son empresas de beneficios económicos; si no, pasarían a ser como dice Muhammad Yunus, empresas de beneficios sociales”, apunta Javier Casas Rúa, socio de PricewaterhouseCoopers (PwC) y experto en bancos y mercados financieros. De todos modos, opina que “es una buena noticia que se presenten proyectos de ley para que se debatan, ya que las fallas del sistema financiero y las falta de un mercado de capitales detienen el crecimiento”. Y aporta un recorrido por las normativas vigentes en América Latina, los Estados Unidos y Europa para contrastar con ellas los puntos clave del proyecto.
Creación de un organismo de Defensa del Consumidor de Productos Financieros. Hay consenso respecto de la necesidad de ofrecer herramientas de información para los consumidores que, en general, llegan a los servicios financieros mediante intermediarios. “La ley norteamericana que impulsa Obama es muy precisa en este punto y le dedica un capítulo entero al tema, eso responde a una tendencia generalizada postcrisis de proteger a los consumidores. El proyecto de Heller avanza en esa dirección y creo que es acertado”, dice Casas Rúa.
l Obligación de los bancos a destinar al menos 38% de sus préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas y un 2% a microemprendimientos. “Hay entidades públicas y semipúblicas que tienen ese objetivo y lo pueden cumplir perfectamente, como sucede en España, donde tienen un gran poder las entidades regionales, las caixas, y eso se puede hacer sin necesidad de poner ese tope direccionando los negocios de los bancos”, explica el analista de Price. Al respecto, Manuel Solanet apunta: “No he visto marcos legales regulatorios en los países desarrollados que pretendan que el sistema bancario responda a objetivos políticos ni a supuestas prioridades oficiales de asignación del crédito. Para eso hay entidades específicas, algunas bancarias, otras no”.
l Diferenciación entre bancos nacionales y extranjeros. Las opiniones del sistema están divididas, obviamente los bancos nacionales apoyan el trato diferenciado y los extranjeros lo objetan. “No está ni bien ni mal, depende de la forma en que se reglamente. En Brasil la política de controles sobre los extranjeros se basa en tratados de reciprocidad con los países de origen de dichos bancos, para que las entidades de control crucen información y tengan todos los elementos necesarios para regular el funcionamiento y solvencia de las entidades”, dice el socio de PwC.
Solanet objeta la discriminación: “El proyecto dice que los bancos de capital externo “responderán con la totalidad de su patrimonio local y el de su casa matriz por los pasivos que contraigan en la República Argentina. Esto supera los límites de la Ley de Sociedades y puede que la restricción a la banca extranjera también permita luego facilitar la manipulación orientada al capitalismo de amigos”.
l Pase del sistema de garantía de depósitos a manos del Estado. El actual Sistema de Seguro de Depósitos (SEDESA) es un mecanismo que garantiza a los ahorristas, de acuerdo a la normativa vigente, disponer de sus depósitos en caso de que la entidad financiera no pueda cumplir con su obligación de pago. Funciona como sociedad anónima fiscalizada por el Banco Central y, además, cumple la función de prevención de crisis sistémicas. La principal objeción al pase de sus funciones a manos del Estado es el posible avance de la discrecionalidad en el manejo de estos fondos. “Al proponer la estatización del sistema de garantía de depósitos, se crea una nueva caja al alcance del gobierno nacional y resultará en más ineficiencia y espacios para la corrupción”, vaticina el titular de Infupa. Por su parte, el socio de Price señala que el SEDESA cumple correctamente su función, y que también lo ha hecho durante los ‘80, el efecto Tequila y otras crisis nacionales e importadas.
Efectos colaterales
Una última fuente de controversias para este análisis es la fijación del máximo de participación de los bancos en un 8% del mercado. Hay media docena de grandes bancos que rondan o superan ese porcentaje. “Estoy de acuerdo con la afirmación de Heller de que el sistema financiero tiene mucha liquidez que no está volcada a la economía real. Pero no se soluciona limitando a los que están mejor preparados para colocar más créditos en la economía”, apunta el socio de PwC.
“La sobreregulación puede tener efectos colaterales nefastos. Si se busca que el sistema financiero institucionalice las actividades económicas de la sociedad, lo mejor es dar incentivos. Esto es filosófico, y está bien que los principios se dejen asentados en una ley, que después se pueden hacer efectivos mediante normas regulatorias. No todo tiene que estar escrito dentro una ley”, concluye Casas Rúa.
Con la excepción de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad que da su crítica opinión en la columna que acompaña a esta nota, los banqueros se excusan de opinar dando su nombre y esperan a que se plantee el debate parlamentario. Mientras tanto, algunos son tibiamente optimistas. “Respeto a Heller y creo que el proyecto es razonable, aunque temo que en el tratamiento en el Congreso le hagan demasiadas modificaciones. Mi crítica mayor es a la idea de fijar mínimos para que los bancos prestemos a las Pymes, que distorsiona el mercado”, dijo el vocero de un banco privado nacional.
“La regulación es necesaria, pero si encorseta la actividad no estimula que el mercado financiero crezca, y sólo entorpece la actividad”, aportó otro banquero cuya entidad tiene amplia presencia de sucursales en todo el país.
Con todo, el tema fue uno de los más comentados esta semana en los pasillos del hotel porteño en el que se celebró la Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
//www.cronista.com
La ley de servicios financieros que presentó el diputado Carlos Heller, del bloque Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, tiene el sello que le imprime la carrera de banquero cooperativista de Heller y cuenta con el apoyo cantado del kirchnerismo, que acompañó y aplaudió la presentación del proyecto la semana pasada.
“La ley 21.526 que heredamos de la dictadura desreguló fuertemente el sistema financiero, pues establece que los bancos comerciales pueden realizar todo tipo de operaciones que no sean prohibidas por la ley, que son muy pocas. Es el mercado, es decir, la política de los grandes bancos privados, la que asigna las operatorias, la aplicación de los fondos, los costos y la rentabilidad”, explicó Heller ese día.
En tiempos de debates poco edificantes, hubo un notable consenso de analistas económicos, banqueros y representantes del mercado financiero que hablaron con WE: es necesario mejorar el funcionamiento del sistema y, sobre todo, hace falta decisión política para crear en la Argentina un mercado de capitales, completamente ausente hoy.
“El país nunca ha tenido un mercado de crédito ni un mercado de capitales y los necesita. En el sistema hay sólo depósitos transaccionales de la gente y para generar un mercado de capitales hace falta estabilidad”, dice Roberto Cortés Conde, historiador económico y profesor de la Universidad de San Andrés. “Las regulaciones financieras del país estuvieron siempre en manos del Banco Central, que desde su primera carta orgánica ha analizado la salud de las carteras bancarias”.
Si bien la mayoría de los consultados cree que hacen falta mejoras, no todos opinan que sea necesario promulgar una ley, ya que la Carta Orgánica del Central -complementada por normativas de direccionamiento del crédito hacia ciertas actividades por parte del Ministerio de Economía- serían más que suficientes para cumplir los objetivos reguladores propuestos por los diputados cercanos al Gobierno.
“El crédito debe ser considerado un servicio público”, declara Heller, y esa idea que atraviesa su proyecto de ley es la más objetada.
“El proyecto de ley encuadra la actividad bancaria como un servicio público. A partir de ahí genera un amplio espacio para que el Gobierno, y no sólo el Banco Central, intervenga y limite los espacios de decisión en función de objetivos dictados, con buena o mala intención, desde el poder”, dice Manuel Solanet, de la consultora Infupa. Y agrega: “En otros países, en general, las regulaciones al sistema financiero persiguen asegurar la solvencia y la competencia. Después de la crisis se han acentuado las regulaciones para evitar burbujas y la falta de información a los ahorristas”.
“Yo no creo que los bancos lleguen a ser un servicio público porque son empresas de beneficios económicos; si no, pasarían a ser como dice Muhammad Yunus, empresas de beneficios sociales”, apunta Javier Casas Rúa, socio de PricewaterhouseCoopers (PwC) y experto en bancos y mercados financieros. De todos modos, opina que “es una buena noticia que se presenten proyectos de ley para que se debatan, ya que las fallas del sistema financiero y las falta de un mercado de capitales detienen el crecimiento”. Y aporta un recorrido por las normativas vigentes en América Latina, los Estados Unidos y Europa para contrastar con ellas los puntos clave del proyecto.
Creación de un organismo de Defensa del Consumidor de Productos Financieros. Hay consenso respecto de la necesidad de ofrecer herramientas de información para los consumidores que, en general, llegan a los servicios financieros mediante intermediarios. “La ley norteamericana que impulsa Obama es muy precisa en este punto y le dedica un capítulo entero al tema, eso responde a una tendencia generalizada postcrisis de proteger a los consumidores. El proyecto de Heller avanza en esa dirección y creo que es acertado”, dice Casas Rúa.
l Obligación de los bancos a destinar al menos 38% de sus préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas y un 2% a microemprendimientos. “Hay entidades públicas y semipúblicas que tienen ese objetivo y lo pueden cumplir perfectamente, como sucede en España, donde tienen un gran poder las entidades regionales, las caixas, y eso se puede hacer sin necesidad de poner ese tope direccionando los negocios de los bancos”, explica el analista de Price. Al respecto, Manuel Solanet apunta: “No he visto marcos legales regulatorios en los países desarrollados que pretendan que el sistema bancario responda a objetivos políticos ni a supuestas prioridades oficiales de asignación del crédito. Para eso hay entidades específicas, algunas bancarias, otras no”.
l Diferenciación entre bancos nacionales y extranjeros. Las opiniones del sistema están divididas, obviamente los bancos nacionales apoyan el trato diferenciado y los extranjeros lo objetan. “No está ni bien ni mal, depende de la forma en que se reglamente. En Brasil la política de controles sobre los extranjeros se basa en tratados de reciprocidad con los países de origen de dichos bancos, para que las entidades de control crucen información y tengan todos los elementos necesarios para regular el funcionamiento y solvencia de las entidades”, dice el socio de PwC.
Solanet objeta la discriminación: “El proyecto dice que los bancos de capital externo “responderán con la totalidad de su patrimonio local y el de su casa matriz por los pasivos que contraigan en la República Argentina. Esto supera los límites de la Ley de Sociedades y puede que la restricción a la banca extranjera también permita luego facilitar la manipulación orientada al capitalismo de amigos”.
l Pase del sistema de garantía de depósitos a manos del Estado. El actual Sistema de Seguro de Depósitos (SEDESA) es un mecanismo que garantiza a los ahorristas, de acuerdo a la normativa vigente, disponer de sus depósitos en caso de que la entidad financiera no pueda cumplir con su obligación de pago. Funciona como sociedad anónima fiscalizada por el Banco Central y, además, cumple la función de prevención de crisis sistémicas. La principal objeción al pase de sus funciones a manos del Estado es el posible avance de la discrecionalidad en el manejo de estos fondos. “Al proponer la estatización del sistema de garantía de depósitos, se crea una nueva caja al alcance del gobierno nacional y resultará en más ineficiencia y espacios para la corrupción”, vaticina el titular de Infupa. Por su parte, el socio de Price señala que el SEDESA cumple correctamente su función, y que también lo ha hecho durante los ‘80, el efecto Tequila y otras crisis nacionales e importadas.
Efectos colaterales
Una última fuente de controversias para este análisis es la fijación del máximo de participación de los bancos en un 8% del mercado. Hay media docena de grandes bancos que rondan o superan ese porcentaje. “Estoy de acuerdo con la afirmación de Heller de que el sistema financiero tiene mucha liquidez que no está volcada a la economía real. Pero no se soluciona limitando a los que están mejor preparados para colocar más créditos en la economía”, apunta el socio de PwC.
“La sobreregulación puede tener efectos colaterales nefastos. Si se busca que el sistema financiero institucionalice las actividades económicas de la sociedad, lo mejor es dar incentivos. Esto es filosófico, y está bien que los principios se dejen asentados en una ley, que después se pueden hacer efectivos mediante normas regulatorias. No todo tiene que estar escrito dentro una ley”, concluye Casas Rúa.
Con la excepción de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad que da su crítica opinión en la columna que acompaña a esta nota, los banqueros se excusan de opinar dando su nombre y esperan a que se plantee el debate parlamentario. Mientras tanto, algunos son tibiamente optimistas. “Respeto a Heller y creo que el proyecto es razonable, aunque temo que en el tratamiento en el Congreso le hagan demasiadas modificaciones. Mi crítica mayor es a la idea de fijar mínimos para que los bancos prestemos a las Pymes, que distorsiona el mercado”, dijo el vocero de un banco privado nacional.
“La regulación es necesaria, pero si encorseta la actividad no estimula que el mercado financiero crezca, y sólo entorpece la actividad”, aportó otro banquero cuya entidad tiene amplia presencia de sucursales en todo el país.
Con todo, el tema fue uno de los más comentados esta semana en los pasillos del hotel porteño en el que se celebró la Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
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