Para algunos, las consecuencias sobre el mercado laboral se vieron morigeradas por herramientas puestas en marcha desde el Estado y para otros se debe a que la crisis había explotado mucho antes en Argentina.
Para la OIT, las políticas públicas que se pusieron en marcha en el país ayudaron a que se evitara que el impacto sobre el empleo fuera mayor. Pero para el diputado Claudio Lozano, la verdadera crisis en Argentina fue entre 2001 y 2002 y fue allí donde el empleo se vio realmente afectado.
En el estudio de la OIT llamado “Prevención de despidos y retención de trabajadores en el empleo”, la oficina indica que “Argentina cuenta con numerosos programas que buscan atender los problemas derivados del mercado laboral”.
Con la crisis, el Ministerio de Trabajo le dio ímpetu a las figuras del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y al Programa de Recuperación Productiva (REPRO) en un intento por ayudar a resolver los problemas de las empresas en crisis, en el primer caso, y a ofrecer ayuda monetaria para pagar salarios, en el segundo.
Así, por ejemplo, la OIT informó que si no hubiera existido el REPRO, entre noviembre de 2008 y marzo de 2009, la caída del empleo habría sido del 3,9%, en lugar del 2,8%.
“Esto implica estimativamente que el programa logró reducir en alrededor de un 28% la contracción del empleo que se hubiese producido en los cinco meses considerados, de no haberse conservado esos puestos de trabajo”, asegura el documento.
Asimismo, se indica que la tasa de desocupación del primer trimestre de 2009 se mantuvo constante con respecto al mismo trimestre de 2008 (8.4%).
El 8,4% de los argentinos económicamente activos no tuvo trabajo durante el cuarto trimestre de 2009, mientras que en el período anterior el desempleo había alcanzado su punto máximo, el 9,1%, según informó el Indec.
Estos datos dan cuenta de que la desocupación en el país ya había mostrado una baja antes de que terminara 2009.
No todo es un lecho de rosas. La OIT atribuye el fenómeno de que no haya habido tanto impacto de la crisis en el empleo no solo a la implementación de políticas públicas, sino a razones mucho menos positivas: la precarización laboral.
Desde Ginebra aseguran que este fenómeno se debe también a un “cambio en la dinámica laboral. Si bien la población ocupada mantiene su tasa de crecimiento interanual (1.5%), en este caso el pilar de la creación de empleo no es ya el trabajo formal (que pasó de un crecimiento fuerte o uno moderado) sino el trabajo precario”.
Y enfatiza: “Esta hipótesis se corrobora a partir del crecimiento significativo de la subocupación (los ocupados subempleados crecieron un 12.7%) y del comportamiento de la tasa de empleo no registrado que muestra una importante desaceleración en el ritmo de caída interanual en relación a lo que había mostrado el indicador en los últimos años”.
El estudio de la OIT también asevera que en el país no se registraron despidos masivos. “Por el contrario, en muchos casos, el impacto de la crisis se mitiga a partir de la aplicación de subsidios al empleo u otro tipo de medidas que tienden a conservar los puestos de trabajo como la reducción de la jornada laboral o la suspensión de trabajadores”.
Se refiere al Procedimiento Preventivo de Crisis y al Programa de Recuperación Productiva, implementados por el Ministerio de Trabajo.
El Procedimiento Preventivo de Crisis es un instrumento creado en 1991 por la Ley de Empleo, que supone una instancia de negociación y acuerdo entre las partes con mediación del Estado, en los casos en que las empresas decidan tomar medidas que afecten el empleo (despidos y/o suspensiones).
El total de empresas que solicitaron el procedimiento asciende a alrededor de 300 a partir de octubre de 2008 a mayo de 2009.
De las 155 empresas sobre las cuales se tiene mayor información, la mayoría (aproximadamente un 70%) propuso aplicar la suspensión y la reducción de la jornada laboral más que el despido. La cantidad de trabajadores afectados en estas empresas que solicitaron PPC en el período mencionado asciende a alrededor de 12.000.
Por su parte, el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) fue creado durante la crisis económica que afectó al país y en el marco de la Emergencia Ocupacional Nacional en 2002, con el fin de sostener el empleo genuino.
El REPRO brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una suma fija mensual no remunerativa de hasta 600 pesos y por el plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría, mediante el pago directo por la Ases. Para acceder a este beneficio las empresas deben acreditar la situación de crisis por la que atraviesan, estipulando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal.
El programa se aplica en todas las provincias del país y la cantidad de empresas y trabajadores beneficiarios aumentó a partir de la crisis. Mientras que en 2008 la cantidad de establecimientos y trabajadores que se beneficiaron del REPRO alcanzó a 448 y 22.846 respectivamente, en 2009 su cobertura a junio se había expandido a 1.142 empresas y 84.628 trabajadores. Además, es importante destacar que en el 2009, los establecimientos de menos de 300 trabajadores representaban el 96.2% de las empresas y el 60% de los asalariados beneficiados. El monto total de recursos asignado en 2008 alcanzó a 53 millones de pesos, mientras que el primer semestre del 2009 registraba un gasto estimado de 197 millones de pesos.
En otro estudio llamado “Argentina: experiencias en programas de protección de ingresos y mejora de la empleabilidad” se explicaron los alcances de los programas Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y el Seguro de Capacitación y Empleo, que “han resultado experiencias innovadoras (…). Frente a la crisis, los programas están siendo expandidos y adaptados para acomodar la nueva situación laboral".
Más y mejor trabajo para los jóvenes. El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo se puso en marcha en junio del 2008 y está cofinanciado con fondos del Presupuesto Nacional y del préstamo Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Se dirige a jóvenes de 18 a 24 años, que tengan residencia permanente en el país, no hayan completado la escuela primaria y/o secundaria y se encuentren desempleados.
Su objetivo es generar oportunidades de inclusión social y laboral, a través de acciones integradas, que les permitan construir el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad, realizar experiencias de formación y prácticas calificantes. En ese marco, se ofrecen talleres, cursos, ayuda monetaria y asistencia en la búsqueda de empleo.
A julio de 2009, había 62.753 beneficiarios del programa.
Por otra parte, también existe el Seguro de Capacitación y Empleo, que se creó en 2004 como herramienta para dar oportunidades laborales a quienes recibían el Plan Jefes de Hogar. El SCyE asistencia en la búsqueda de empleo y actualización de competencias laborales, además de ayuda monetaria (asignación mensual de 225 pesos).
A julio de 2009 127.266 personas habían elegido pasarse a este programa.
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