Desde hoy ya no operarán en la Argentina 16 oficinas de representación de bancos internacionales de primera línea.
La decisión de cerrar sus puertas en el país está vinculada a una serie de normas dictadas por el Banco Central desde octubre del año pasado, que obligaba a las entidades a una mayor divulgación de sus actividades en el país. La normativa mucho más estricta para este tipo de entidades se pone en vigencia desde hoy.
Según la información que pudo recabar este diario, algunos de los bancos que ya no operarán en el país son: Surinvest, BSI, EFG, Unión de Bancos Suizos (UBS), Credit Suisse, Royal Bank of Canada, Banque Safdie, Safra Nacional Bank of New York y EFG, entre los más importantes. Además, también dejarán de operar oficinas de representación de bancos que tienen operaciones comerciales en el país y que por lo tanto continuarán con su habitual presencia en el mercado local, como los casos del Itaú y Deutsche Bank.
La norma que generó la salida de estas instituciones de primer nivel es la Comunicación A 4.981 del Banco Central. Ésta se conoció en octubre, es decir, cuando Martín Redrado presidía la institución. Allí se dispuso que a partir del 1 de abril de 2010 las oficinas de representación de entidades extranjeras debían cumplir con una serie de nuevos requisitos para poder operar. Entre otros, la norma las obliga a llevar un registro (rubricado ante el Registro Público de Comercio) con el detalle de todas las operaciones en las que intervenga en nombre de sus representados. También se las obligó a que designen un representante suplente, que se suma al representante ya existente.
Propósito
El objetivo de dicha normativa, según explicaron en el Central, «es aportar mayor transparencia a la actividad de las oficinas de representación, facilitando el control y el seguimiento de sus movimientos», dado su carácter de entidades controladas por la Superintendencia de Entidades Financieras y sujetas a la normativa del BCRA. La norma permitirá una supervisión más rigurosa, en la que ningún actor del sistema financiero pueda ejecutar operaciones que no le están permitidas.
Sin embargo, los ejecutivos de algunos de los bancos que «bajaron la persiana» explicaron a este diario que uno de los aspectos más controvertidos de la nueva disposición es que los obligaba a renunciar al secreto bancario de sus casas matrices. «Desde el momento en que un banquero debe prescindir del secreto bancario de sus clientes, es obvio que tiene que dedicarse a otra cosa», indicaron.
Pero desde el BCRA aclaran que «las oficinas de representación tienen autorización para gestionar o asesorar en relación con los servicios financieros ofrecidos por su casa matriz. La normativa les impide expresamente realizar intermediación financiera en los términos de la Ley de Entidades Financieras. En concreto, no pueden captar depósitos, ni para sí ni para terceros. Tampoco pueden efectuar operaciones cambiarias».
En realidad, el Gobierno mantiene entre ceja y ceja este tipo de entidades porque considera que son un vehículo para la fuga de capitales, que se aceleró en 2008 y 2009. Sin embargo, más allá de la existencia o no de este tipo de figuras jurídicas, existen muchos otros instrumentos para sacar fondos del país, arrancando por el sistema conocido como «contado con liquidación».
«El registro detallado de sus actividades dispuesto por la A 4.981 ayuda a poner en evidencia cualquier operación realizada por fuera de la reglamentación vigente. Si una oficina de representación -explican fuentes oficiales- no registra un volumen razonable de actividades de gestoría, podría inferirse que vuelca su accionar a otros negocios. De lo contrario, no tendría sentido mantener abierta una patente en el país. Esa clase de situaciones serán las que la A 4.981 permitirá detectar».
Los bancos tuvieron 180 días para adecuar su operatoria a estas nuevas exigencias de información. Pero sólo la mitad de las entidades optó por permanecer en el país.
Muchas de ellas continuarán ofreciendo el servicio desde Uruguay y otras sencillamente dejarán de operar en la región.
Fuente: www.ambito.com
La decisión de cerrar sus puertas en el país está vinculada a una serie de normas dictadas por el Banco Central desde octubre del año pasado, que obligaba a las entidades a una mayor divulgación de sus actividades en el país. La normativa mucho más estricta para este tipo de entidades se pone en vigencia desde hoy.
Según la información que pudo recabar este diario, algunos de los bancos que ya no operarán en el país son: Surinvest, BSI, EFG, Unión de Bancos Suizos (UBS), Credit Suisse, Royal Bank of Canada, Banque Safdie, Safra Nacional Bank of New York y EFG, entre los más importantes. Además, también dejarán de operar oficinas de representación de bancos que tienen operaciones comerciales en el país y que por lo tanto continuarán con su habitual presencia en el mercado local, como los casos del Itaú y Deutsche Bank.
La norma que generó la salida de estas instituciones de primer nivel es la Comunicación A 4.981 del Banco Central. Ésta se conoció en octubre, es decir, cuando Martín Redrado presidía la institución. Allí se dispuso que a partir del 1 de abril de 2010 las oficinas de representación de entidades extranjeras debían cumplir con una serie de nuevos requisitos para poder operar. Entre otros, la norma las obliga a llevar un registro (rubricado ante el Registro Público de Comercio) con el detalle de todas las operaciones en las que intervenga en nombre de sus representados. También se las obligó a que designen un representante suplente, que se suma al representante ya existente.
Propósito
El objetivo de dicha normativa, según explicaron en el Central, «es aportar mayor transparencia a la actividad de las oficinas de representación, facilitando el control y el seguimiento de sus movimientos», dado su carácter de entidades controladas por la Superintendencia de Entidades Financieras y sujetas a la normativa del BCRA. La norma permitirá una supervisión más rigurosa, en la que ningún actor del sistema financiero pueda ejecutar operaciones que no le están permitidas.
Sin embargo, los ejecutivos de algunos de los bancos que «bajaron la persiana» explicaron a este diario que uno de los aspectos más controvertidos de la nueva disposición es que los obligaba a renunciar al secreto bancario de sus casas matrices. «Desde el momento en que un banquero debe prescindir del secreto bancario de sus clientes, es obvio que tiene que dedicarse a otra cosa», indicaron.
Pero desde el BCRA aclaran que «las oficinas de representación tienen autorización para gestionar o asesorar en relación con los servicios financieros ofrecidos por su casa matriz. La normativa les impide expresamente realizar intermediación financiera en los términos de la Ley de Entidades Financieras. En concreto, no pueden captar depósitos, ni para sí ni para terceros. Tampoco pueden efectuar operaciones cambiarias».
En realidad, el Gobierno mantiene entre ceja y ceja este tipo de entidades porque considera que son un vehículo para la fuga de capitales, que se aceleró en 2008 y 2009. Sin embargo, más allá de la existencia o no de este tipo de figuras jurídicas, existen muchos otros instrumentos para sacar fondos del país, arrancando por el sistema conocido como «contado con liquidación».
«El registro detallado de sus actividades dispuesto por la A 4.981 ayuda a poner en evidencia cualquier operación realizada por fuera de la reglamentación vigente. Si una oficina de representación -explican fuentes oficiales- no registra un volumen razonable de actividades de gestoría, podría inferirse que vuelca su accionar a otros negocios. De lo contrario, no tendría sentido mantener abierta una patente en el país. Esa clase de situaciones serán las que la A 4.981 permitirá detectar».
Los bancos tuvieron 180 días para adecuar su operatoria a estas nuevas exigencias de información. Pero sólo la mitad de las entidades optó por permanecer en el país.
Muchas de ellas continuarán ofreciendo el servicio desde Uruguay y otras sencillamente dejarán de operar en la región.
Fuente: www.ambito.com
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