16-6-2010 - Desde que los mercados financieros comenzaron a estabilizarse a fines del año pasado, la idea de hacer que el sector financiero pague los costos en los que incurrieron los contribuyentes para mantenerlo a flote ganó cada vez más respaldo entre los estrategas políticos y el público en general.
Francia y el Reino Unido introdujeron un impuesto temporario a los sobresueldos del sector financiero, mientras que el gobierno de Estados Unidos propuso una legislación que concibe la posibilidad de un "honorario de responsabilidad por la crisis financiera” para recuperar los costos del Programa de Alivio de Activos en Problemas de Estados Unidos.
También se está discutiendo cuál es la mejor manera de reformar el sistema tributario del sector financiero, que en promedio es menos estricto en relación a otros ingresos corporativos e injustamente favorece al empréstito por sobre la financiación mediante la emisión de acciones.
Sin embargo, un pago único para recuperar costos pasados no cambiará los incentivos del sector financiero en lo que concierne a la excesiva toma de riesgo. Es más, no resulta claro cuáles son exactamente los costos que han de recuperarse.
Si bien los costos fiscales directos de respaldar al sector financiero fueron de 2,5-3% del PBI en los países desarrollados (con picos de aproximadamente el 4,5%), el impacto fiscal total de la crisis es mucho mayor, y asciende al incremento total esperado en la deuda pública –alrededor de 40% del PBI-. Y mayor aún es el costo total experimentado por la economía –que incluye las pérdidas de producción y empleo, y la concomitante destrucción del capital material e inmaterial que, según Andrew Haldane del Banco de Inglaterra entre otros, podría aumentar a un múltiplo del PBI anual.
Más recientemente, el debate cambió de táctica: gravar al sector financiero hoy es considerado una manera conveniente de apartar recursos suficientes para solventar la próxima crisis financiera. La idea de un impuesto al sector financiero pasó a estar estrechamente vinculada a la de un fondo de resolución de la crisis.
Esto solventaría los costos residuales de la quiebra de una institución de envergadura una vez que su capital se redujo a cero y, supuestamente, los reclamos de los acreedores fueron descartados (aunque algunas propuestas son ambiguas y dejan espacio para al menos cierto alivio para los acreedores).
El FMI presentó una propuesta de este tipo a los líderes del G-20 cuando se reunieron en Washington en abril. Otras versiones fueron presentadas recientemente por el Comité sobre Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
En mi opinión, estas propuestas parecen mal concebidas, por dos razones. La primera es obvia: cualquier fondo de rescate de instituciones financieras crea una promesa implícita de un rescate. Tarde o temprano, alguien invocará esa promesa. Si el fondo es público, alentará a los beneficiarios privados a aprovecharse de los contribuyentes. Si está financiado por capital privado, los estafadores se verán alentados a aprovecharse de los banqueros honestos.
La única manera de evitar este resultado indeseable es eliminar convincentemente todo respaldo a los accionistas y acreedores de una institución financiera que va camino a la quiebra. Deben tomar conciencia de que el gobierno no saldrá a rescatarlos. Sólo de esta manera los accionistas y los acreedores tienen un incentivo lo suficientemente fuerte como para controlar la gestión y vigilar de cerca la toma de riesgo de los bancos u otros intermediarios financieros.
Una vez que se acepta que los accionistas y los acreedores no merecen ningún socorro, el fondo de resolución simplemente se convierte en un seguro de depósito. Los depositantes minoristas son los únicos acreedores en el sistema financiero que merecen una protección amplia, si no total, contra los errores de sus banqueros. Después de todo, la principal causa de inestabilidad sistémica en los sistemas financieros es el apalancamiento excesivo –y el préstamo descuidado al que éste da lugar- por parte de instituciones que toman depósitos.
Los honorarios por seguro de depósito son el instrumento apropiado por el cual hacer que los bancos respondan tanto por su toma de riesgo intrínseca como por los riesgos que imponen al resto del sistema. La regulación luego debe asegurar que los banqueros no abusen de su carta al tomar riesgos excesivos con el dinero de los depositantes –y es precisamente ahí donde los reguladores fracasaron más notoriamente en los últimos años, dando lugar a la crisis financiera.
Esto me lleva a la segunda objeción, que muchas veces no se reconoce tan de inmediato, a un fondo de resolución: las pérdidas bancarias (y cuasi bancarias) fueron inmensas en la reciente crisis financiera porque los reguladores cerraron los ojos ante las fechorías a fin de asegurar la competitividad internacional de los banqueros o, más simplemente, porque ellos los habían “capturado”. Si los supervisores se comportan como deben, las grandes pérdidas residuales generadas por los errores de los bancos se vuelven menos probables. Entonces, para que las pérdidas residuales no sean tan grandes, debe obligarse a los supervisores a emprender una temprana acción correctiva cuando el capital de un banco se debilita, que es como opera la Corporación Federal de Seguro de Depósito de Estados Unidos.
Si un banco no puede recapitalizarse, se lo debería liquidar. Ahí es donde los procedimientos efectivos de resolución se vuelven importantes. Pero el punto clave es que ninguna exposición descuidada sería posible en un sistema donde los accionistas y los acreedores supieran que no serían rescatados, y donde no se les permitiera a los supervisores apostar a la resurrección de sus entidades supervisadas, sino más bien donde estuvieran obligados a pedirles que rindieran cuentas tan pronto como empezaran a descarrilarse.
En el esfuerzo por construir un sistema regulatorio sólido y coherente para los mercados financieros, la idea de un fondo de resolución es, en el mejor de los casos, una distracción. Y, en el peor, el presagio de una futura inestabilidad financiera.
Copyright: Project Syndicate, 2010 -
Por Stefano Micossi. Director del Centro para Estudios de Políticas Europeas, en Bruselas.
Francia y el Reino Unido introdujeron un impuesto temporario a los sobresueldos del sector financiero, mientras que el gobierno de Estados Unidos propuso una legislación que concibe la posibilidad de un "honorario de responsabilidad por la crisis financiera” para recuperar los costos del Programa de Alivio de Activos en Problemas de Estados Unidos.
También se está discutiendo cuál es la mejor manera de reformar el sistema tributario del sector financiero, que en promedio es menos estricto en relación a otros ingresos corporativos e injustamente favorece al empréstito por sobre la financiación mediante la emisión de acciones.
Sin embargo, un pago único para recuperar costos pasados no cambiará los incentivos del sector financiero en lo que concierne a la excesiva toma de riesgo. Es más, no resulta claro cuáles son exactamente los costos que han de recuperarse.
Si bien los costos fiscales directos de respaldar al sector financiero fueron de 2,5-3% del PBI en los países desarrollados (con picos de aproximadamente el 4,5%), el impacto fiscal total de la crisis es mucho mayor, y asciende al incremento total esperado en la deuda pública –alrededor de 40% del PBI-. Y mayor aún es el costo total experimentado por la economía –que incluye las pérdidas de producción y empleo, y la concomitante destrucción del capital material e inmaterial que, según Andrew Haldane del Banco de Inglaterra entre otros, podría aumentar a un múltiplo del PBI anual.
Más recientemente, el debate cambió de táctica: gravar al sector financiero hoy es considerado una manera conveniente de apartar recursos suficientes para solventar la próxima crisis financiera. La idea de un impuesto al sector financiero pasó a estar estrechamente vinculada a la de un fondo de resolución de la crisis.
Esto solventaría los costos residuales de la quiebra de una institución de envergadura una vez que su capital se redujo a cero y, supuestamente, los reclamos de los acreedores fueron descartados (aunque algunas propuestas son ambiguas y dejan espacio para al menos cierto alivio para los acreedores).
El FMI presentó una propuesta de este tipo a los líderes del G-20 cuando se reunieron en Washington en abril. Otras versiones fueron presentadas recientemente por el Comité sobre Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
En mi opinión, estas propuestas parecen mal concebidas, por dos razones. La primera es obvia: cualquier fondo de rescate de instituciones financieras crea una promesa implícita de un rescate. Tarde o temprano, alguien invocará esa promesa. Si el fondo es público, alentará a los beneficiarios privados a aprovecharse de los contribuyentes. Si está financiado por capital privado, los estafadores se verán alentados a aprovecharse de los banqueros honestos.
La única manera de evitar este resultado indeseable es eliminar convincentemente todo respaldo a los accionistas y acreedores de una institución financiera que va camino a la quiebra. Deben tomar conciencia de que el gobierno no saldrá a rescatarlos. Sólo de esta manera los accionistas y los acreedores tienen un incentivo lo suficientemente fuerte como para controlar la gestión y vigilar de cerca la toma de riesgo de los bancos u otros intermediarios financieros.
Una vez que se acepta que los accionistas y los acreedores no merecen ningún socorro, el fondo de resolución simplemente se convierte en un seguro de depósito. Los depositantes minoristas son los únicos acreedores en el sistema financiero que merecen una protección amplia, si no total, contra los errores de sus banqueros. Después de todo, la principal causa de inestabilidad sistémica en los sistemas financieros es el apalancamiento excesivo –y el préstamo descuidado al que éste da lugar- por parte de instituciones que toman depósitos.
Los honorarios por seguro de depósito son el instrumento apropiado por el cual hacer que los bancos respondan tanto por su toma de riesgo intrínseca como por los riesgos que imponen al resto del sistema. La regulación luego debe asegurar que los banqueros no abusen de su carta al tomar riesgos excesivos con el dinero de los depositantes –y es precisamente ahí donde los reguladores fracasaron más notoriamente en los últimos años, dando lugar a la crisis financiera.
Esto me lleva a la segunda objeción, que muchas veces no se reconoce tan de inmediato, a un fondo de resolución: las pérdidas bancarias (y cuasi bancarias) fueron inmensas en la reciente crisis financiera porque los reguladores cerraron los ojos ante las fechorías a fin de asegurar la competitividad internacional de los banqueros o, más simplemente, porque ellos los habían “capturado”. Si los supervisores se comportan como deben, las grandes pérdidas residuales generadas por los errores de los bancos se vuelven menos probables. Entonces, para que las pérdidas residuales no sean tan grandes, debe obligarse a los supervisores a emprender una temprana acción correctiva cuando el capital de un banco se debilita, que es como opera la Corporación Federal de Seguro de Depósito de Estados Unidos.
Si un banco no puede recapitalizarse, se lo debería liquidar. Ahí es donde los procedimientos efectivos de resolución se vuelven importantes. Pero el punto clave es que ninguna exposición descuidada sería posible en un sistema donde los accionistas y los acreedores supieran que no serían rescatados, y donde no se les permitiera a los supervisores apostar a la resurrección de sus entidades supervisadas, sino más bien donde estuvieran obligados a pedirles que rindieran cuentas tan pronto como empezaran a descarrilarse.
En el esfuerzo por construir un sistema regulatorio sólido y coherente para los mercados financieros, la idea de un fondo de resolución es, en el mejor de los casos, una distracción. Y, en el peor, el presagio de una futura inestabilidad financiera.
Copyright: Project Syndicate, 2010 -
Por Stefano Micossi. Director del Centro para Estudios de Políticas Europeas, en Bruselas.
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