21-6-2010 - En la visión de aquellos que promueven la autarquía del Central, la institución aparece como exenta de intereses particulares. Esa supuesta asepsia lleva a los directores del organismo a tomar decisiones de política económica, pese a no haber sido elegidos por la voluntad popular.
En el debate institucional sobre el diseño óptimo de la política monetaria se destacan dos posiciones. La primera concibe a la política del Banco Central como integrante de la política económica del Estado, entendida como la acción general de gobierno para perseguir el bienestar de la sociedad. El economista post-keynesiano Paul Samuelson sostuvo que “contrariamente a la opinión de un buen número de economistas contemporáneos (y a mis propias ideas anteriores), pienso que las políticas monetarias y de crédito ofrecen vastas posibilidades para estimular, estabilizar o enfriar una economía moderna”. Esta concepción ambiciosa de la política monetaria no se reduce a establecer un ancla nominal que asegure la estabilidad de precios. El Estado delegará en el Banco Central la responsabilidad en la administración de la moneda, asignándole objetivos y precisando el alcance de su misión. La política monetaria integra la lógica de la política económica, pero la primera por sí misma no determina sus objetivos.
En esta dirección, la ley japonesa dispone que el Banco de Japón deberá “establecer siempre un diálogo estrecho con el gobierno y proceder a un intercambio de visiones suficiente con él”. El Banco Popular de China es otra institución que, a pesar de funcionar autónomamente, debe regularmente rendir cuentas al Consejo de Estado. En India, el Banco de Reserva administra y regula el sistema financiero determinando cada año –junto con el Poder Ejecutivo– la política en materia de crédito, de tasas de interés, no solamente en función de mantener la estabilidad de la moneda sino también de asegurar condiciones favorables al financiamiento del sector público. En Estados Unidos, el marco institucional de la política monetaria señala a la Reserva Federal el objetivo de empleo máximo, la estabilidad de precios y el mantenimiento de tasas de interés de largo plazo moderadas.
La segunda posición recomienda que el Banco Central funcione como una institución autárquica e independiente del Poder Ejecutivo con el único objetivo de mantener la estabilidad de los precios. La versión más conservadora de esta doctrina supone que el Banco Central preservará a la sociedad de los “abusos” del poder político que financiaría sus gastos con recursos proporcionados por la autoridad monetaria, evitando así otras alternativas menos populares, como el aumento de impuestos o el endeudamiento. Considera al Poder Ejecutivo como un actor oportunista alejado de los intereses de la sociedad, mientras que la institución monetaria aparece como exenta de intereses particulares y fiel garante de la estabilidad. La intensificación del proceso de globalización y la importancia creciente del rol de los mercados financieros a partir de la década de 1970 condujo a una mayor aceptación de este criterio, exigiéndole al Banco Central transparencia en materia operacional, para que sus políticas fueran previsibles para los mercados. El marco institucional del Banco Central Europeo (BCE) fue inicialmente determinado según este paradigma.
En esta visión extrema de la independencia del ente monetario puede estar el germen de un debilitamiento del sistema democrático, ya que los directores de la entidad toman decisiones de política económica sin tener representatividad popular. Por otra parte, esta visión puede conducir a “equilibrios macroeconómicos sub-óptimos”. Podría ocurrir que el Poder Ejecutivo determinara una política fiscal expansiva para lograr un objetivo de crecimiento y que, ante el temor de un alza de la inflación, el Banco Central aumentara las tasas de interés para frenar el gasto privado y la presión inflacionaria. Esta política del banco central podrá a su vez incitar al Poder Ejecutivo a decidir un aumento aún mayor del gasto para paliar los efectos de una mayor carga de intereses. Se genera así una espiral en que ambos entes insisten en decisiones del mismo contenido. La observación empírica sugiere que los bancos centrales de mayor autonomía consiguen una tasa de inflación inferior a costa de un menor crecimiento del producto.
Con la crisis financiera iniciada en 2007, ha perdido terreno la idea de una separación entre el ámbito decisorio de las políticas fiscales y monetarias. Tanto en la Zona Euro, cuyo Banco Central sigue la tradición conservadora del Bundesbank alemán, como en los Estados Unidos, las autoridades monetarias adoptaron recientemente un criterio más pragmático para evitar una trayectoria explosiva de la deuda pública, reduciendo notablemente las tasas de interés mientras los gobiernos ponían en práctica planes de estímulo fiscal. Ello muestra un grado importante de cooperación entre ambos estamentos. Dentro de un plan de salvaguarda decidido por los países de la UE, en mayo el BCE comenzó a comprar deuda soberana en los mercados secundarios para estabilizar la prima de riesgo de las obligaciones de países en dificultades (especialmente Grecia) dando cuenta de la necesaria existencia de cierta unidad de concepción para evitar que un país llegue a la bancarrota arrastrado por la sanción de los mercados.
Por Edgardo Torija Zane - Doctor en Economía y docente de la Universidad de París Dauphine. http://www.pagina12.com.ar
En el debate institucional sobre el diseño óptimo de la política monetaria se destacan dos posiciones. La primera concibe a la política del Banco Central como integrante de la política económica del Estado, entendida como la acción general de gobierno para perseguir el bienestar de la sociedad. El economista post-keynesiano Paul Samuelson sostuvo que “contrariamente a la opinión de un buen número de economistas contemporáneos (y a mis propias ideas anteriores), pienso que las políticas monetarias y de crédito ofrecen vastas posibilidades para estimular, estabilizar o enfriar una economía moderna”. Esta concepción ambiciosa de la política monetaria no se reduce a establecer un ancla nominal que asegure la estabilidad de precios. El Estado delegará en el Banco Central la responsabilidad en la administración de la moneda, asignándole objetivos y precisando el alcance de su misión. La política monetaria integra la lógica de la política económica, pero la primera por sí misma no determina sus objetivos.
En esta dirección, la ley japonesa dispone que el Banco de Japón deberá “establecer siempre un diálogo estrecho con el gobierno y proceder a un intercambio de visiones suficiente con él”. El Banco Popular de China es otra institución que, a pesar de funcionar autónomamente, debe regularmente rendir cuentas al Consejo de Estado. En India, el Banco de Reserva administra y regula el sistema financiero determinando cada año –junto con el Poder Ejecutivo– la política en materia de crédito, de tasas de interés, no solamente en función de mantener la estabilidad de la moneda sino también de asegurar condiciones favorables al financiamiento del sector público. En Estados Unidos, el marco institucional de la política monetaria señala a la Reserva Federal el objetivo de empleo máximo, la estabilidad de precios y el mantenimiento de tasas de interés de largo plazo moderadas.
La segunda posición recomienda que el Banco Central funcione como una institución autárquica e independiente del Poder Ejecutivo con el único objetivo de mantener la estabilidad de los precios. La versión más conservadora de esta doctrina supone que el Banco Central preservará a la sociedad de los “abusos” del poder político que financiaría sus gastos con recursos proporcionados por la autoridad monetaria, evitando así otras alternativas menos populares, como el aumento de impuestos o el endeudamiento. Considera al Poder Ejecutivo como un actor oportunista alejado de los intereses de la sociedad, mientras que la institución monetaria aparece como exenta de intereses particulares y fiel garante de la estabilidad. La intensificación del proceso de globalización y la importancia creciente del rol de los mercados financieros a partir de la década de 1970 condujo a una mayor aceptación de este criterio, exigiéndole al Banco Central transparencia en materia operacional, para que sus políticas fueran previsibles para los mercados. El marco institucional del Banco Central Europeo (BCE) fue inicialmente determinado según este paradigma.
En esta visión extrema de la independencia del ente monetario puede estar el germen de un debilitamiento del sistema democrático, ya que los directores de la entidad toman decisiones de política económica sin tener representatividad popular. Por otra parte, esta visión puede conducir a “equilibrios macroeconómicos sub-óptimos”. Podría ocurrir que el Poder Ejecutivo determinara una política fiscal expansiva para lograr un objetivo de crecimiento y que, ante el temor de un alza de la inflación, el Banco Central aumentara las tasas de interés para frenar el gasto privado y la presión inflacionaria. Esta política del banco central podrá a su vez incitar al Poder Ejecutivo a decidir un aumento aún mayor del gasto para paliar los efectos de una mayor carga de intereses. Se genera así una espiral en que ambos entes insisten en decisiones del mismo contenido. La observación empírica sugiere que los bancos centrales de mayor autonomía consiguen una tasa de inflación inferior a costa de un menor crecimiento del producto.
Con la crisis financiera iniciada en 2007, ha perdido terreno la idea de una separación entre el ámbito decisorio de las políticas fiscales y monetarias. Tanto en la Zona Euro, cuyo Banco Central sigue la tradición conservadora del Bundesbank alemán, como en los Estados Unidos, las autoridades monetarias adoptaron recientemente un criterio más pragmático para evitar una trayectoria explosiva de la deuda pública, reduciendo notablemente las tasas de interés mientras los gobiernos ponían en práctica planes de estímulo fiscal. Ello muestra un grado importante de cooperación entre ambos estamentos. Dentro de un plan de salvaguarda decidido por los países de la UE, en mayo el BCE comenzó a comprar deuda soberana en los mercados secundarios para estabilizar la prima de riesgo de las obligaciones de países en dificultades (especialmente Grecia) dando cuenta de la necesaria existencia de cierta unidad de concepción para evitar que un país llegue a la bancarrota arrastrado por la sanción de los mercados.
Por Edgardo Torija Zane - Doctor en Economía y docente de la Universidad de París Dauphine. http://www.pagina12.com.ar
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