22-6-2010 - Si bien el BCRA reglamentó el Programa de Financiamiento Productivo que involucra un desembolso de $ 8.000 millones, algunos bancos salieron a advertir errores
“Para incentivar el desarrollo del sistema financiero el mejor plan que puede llevar a cabo el BCRA, y que es mandato de su Carta Orgánica, es reducir la inflación, para recrear la confianza en el peso y recuperar el ahorro en moneda nacional”. Estas palabras, que bien podrían ser parte de algún discurso electoral, pertenecen a Federico Sturzenegger, titular del Banco Ciudad y tuvieron como destinatario al Banco Central, aunque hay quienes gustan de ver en ellas un tiro por elevación a la Casa Rosada. Críticos en su concepción pero cuidadosos con el espíritu de la propuesta oficial, algunos banqueros han puesto en duda la sustentabilidad del “Programa de Financiamiento Productivo” que anunció la presidenta Cristina Fernández a fines de mayo y que promete $ 8.000 millones a tasas del 9,9% para expandir la producción de bienes.
Pero la gente del Banco Ciudad salió al cruce del Programa marcando lo que a su criterio son importantes falencias que harán difícil la ejecución del mismo, una nota relevante si se tiene presente que el Programa involucra a los bancos. A la vez, desde otra entidad financiera de capitales extranjeros señalaron el peligro inflacionario que la aplicación de la propuesta podría tener a futuro.
Así, en medio de un primer consenso surgido en el marco de reuniones protocolares que viene manteniendo el Banco Central con la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), comenzaron a aparecer algunos puntos que no encajan en el esquema de aplicación de los bancos.
En los últimos días, la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont había definido las condiciones que deben cumplir las entidades financieras que le soliciten dinero para prestarle a las empresas. Entre otras cosas, estableció que el BCRA cobrará una tasa de interés fija que se determinará en cada subasta sobre la base de la tasa de pases pasivos, que en la actualidad es del 9% anual. Y un plazo máximo de cinco años. En este sentido, afirmó que los préstamos que las entidades coloquen deberán tener un costo financiero total fijo que será fijado por el Central al momento de la subasta.
Pero además señaló que todo esto necesita de la reglamentación de la Unidad Evaluadora de Proyectos que creó el decreto 783, firmado por la Presidenta. Esa “Unidad” estará compuesta por los ministros de Economía, Amado Boudou, Industria, Débora Giorgi, y Agricultura, Julián Domínguez y por secretarios de esas áreas, entre ellos el de Comercio, Guillermo Moreno y serán ellos los que “deberán definir qué proyectos son plausibles de financiamiento para que luego los bancos hagan estudios técnicos y soliciten el dinero al BCRA”.
Justamente ahí apuntó la gente del Ciudad: “El otorgamiento de créditos en el sistema financiero naturalmente tiene una carga burocrática y de tiempos, pero siempre acorde con el timing de las necesidades de los clientes. Si al programa se le imponen cargas burocráticas adicionales, procesos de decisión ajenos al banco, se corre el peligro de entorpecer un proceso que de por si debe ser dinámico y más aún se deja espacio para que el plan termine favoreciendo a unos pocos amigos, atentando contra el verdadero objetivo”, señalaron.
En esta línea, sostienen que “si bien el BCRA no asume ningún riesgo crediticio, solamente facilita los fondos y el riesgo lo asume exclusivamente el banco que presta, el problema es que el spread de tasas de interés que plantea el programa (0.9%) no cubre el riesgo de incobrabilidad del otorgamiento del crédito, que hoy es de 3.3%, siendo uno de los más bajos de la historia”. Sostienen que “de no cubrir ese spread, el éxito del programa también estaría comprometido”.
Tomando como referencia que el BCRA dispondrá de $ 8.000 millones, desde otra entidad señalaron que esta emisión para el programa implicaría un incremento adicional de la presión inflacionaria y “potenciaría el aumento de precios”. Si bien desde el Central salieron a confirmar que la emisión monetaria será gradual “y de acuerdo a las pautas del programa monetario”, en la entidad se mostraron escépticos de que esto se lleve a cabo de esa manera.
http://www.cronista.com
“Para incentivar el desarrollo del sistema financiero el mejor plan que puede llevar a cabo el BCRA, y que es mandato de su Carta Orgánica, es reducir la inflación, para recrear la confianza en el peso y recuperar el ahorro en moneda nacional”. Estas palabras, que bien podrían ser parte de algún discurso electoral, pertenecen a Federico Sturzenegger, titular del Banco Ciudad y tuvieron como destinatario al Banco Central, aunque hay quienes gustan de ver en ellas un tiro por elevación a la Casa Rosada. Críticos en su concepción pero cuidadosos con el espíritu de la propuesta oficial, algunos banqueros han puesto en duda la sustentabilidad del “Programa de Financiamiento Productivo” que anunció la presidenta Cristina Fernández a fines de mayo y que promete $ 8.000 millones a tasas del 9,9% para expandir la producción de bienes.
Pero la gente del Banco Ciudad salió al cruce del Programa marcando lo que a su criterio son importantes falencias que harán difícil la ejecución del mismo, una nota relevante si se tiene presente que el Programa involucra a los bancos. A la vez, desde otra entidad financiera de capitales extranjeros señalaron el peligro inflacionario que la aplicación de la propuesta podría tener a futuro.
Así, en medio de un primer consenso surgido en el marco de reuniones protocolares que viene manteniendo el Banco Central con la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), comenzaron a aparecer algunos puntos que no encajan en el esquema de aplicación de los bancos.
En los últimos días, la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont había definido las condiciones que deben cumplir las entidades financieras que le soliciten dinero para prestarle a las empresas. Entre otras cosas, estableció que el BCRA cobrará una tasa de interés fija que se determinará en cada subasta sobre la base de la tasa de pases pasivos, que en la actualidad es del 9% anual. Y un plazo máximo de cinco años. En este sentido, afirmó que los préstamos que las entidades coloquen deberán tener un costo financiero total fijo que será fijado por el Central al momento de la subasta.
Pero además señaló que todo esto necesita de la reglamentación de la Unidad Evaluadora de Proyectos que creó el decreto 783, firmado por la Presidenta. Esa “Unidad” estará compuesta por los ministros de Economía, Amado Boudou, Industria, Débora Giorgi, y Agricultura, Julián Domínguez y por secretarios de esas áreas, entre ellos el de Comercio, Guillermo Moreno y serán ellos los que “deberán definir qué proyectos son plausibles de financiamiento para que luego los bancos hagan estudios técnicos y soliciten el dinero al BCRA”.
Justamente ahí apuntó la gente del Ciudad: “El otorgamiento de créditos en el sistema financiero naturalmente tiene una carga burocrática y de tiempos, pero siempre acorde con el timing de las necesidades de los clientes. Si al programa se le imponen cargas burocráticas adicionales, procesos de decisión ajenos al banco, se corre el peligro de entorpecer un proceso que de por si debe ser dinámico y más aún se deja espacio para que el plan termine favoreciendo a unos pocos amigos, atentando contra el verdadero objetivo”, señalaron.
En esta línea, sostienen que “si bien el BCRA no asume ningún riesgo crediticio, solamente facilita los fondos y el riesgo lo asume exclusivamente el banco que presta, el problema es que el spread de tasas de interés que plantea el programa (0.9%) no cubre el riesgo de incobrabilidad del otorgamiento del crédito, que hoy es de 3.3%, siendo uno de los más bajos de la historia”. Sostienen que “de no cubrir ese spread, el éxito del programa también estaría comprometido”.
Tomando como referencia que el BCRA dispondrá de $ 8.000 millones, desde otra entidad señalaron que esta emisión para el programa implicaría un incremento adicional de la presión inflacionaria y “potenciaría el aumento de precios”. Si bien desde el Central salieron a confirmar que la emisión monetaria será gradual “y de acuerdo a las pautas del programa monetario”, en la entidad se mostraron escépticos de que esto se lleve a cabo de esa manera.
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