OPINIÓN: El impuesto al cheque es un obstáculo para el desarrollo

Se prevé que para el 2010 se recaudará en concepto de impuesto al cheque aproximadamente $23.500 millones. De no modificarse los parámetros de distribución automática, la nación recibirá aproximadamente $20.000 millones y las provincias los restantes $3.500 millones. Esto se debe a que la ley del impuesto al cheque establece que el 70% de lo recaudado va directamente a la nación y sólo el restante 30% se incorpora a la masa coparticipable, desde donde la nación vuelve a recibir. Por ello es que la nación recibe prácticamente el 85% del impuesto.

Desde las provincias y las fuerzas de la oposición en el Congreso se busca hacer que toda la recaudación del impuesto al cheque se incorpore a la masa coparticipable. Con este cambio, el impuesto pasaría a repartirse aproximadamente por mitades con lo cual las provincias pasarían de recibir $3.500 millones a recibir $12.000 millones. La diferencia es muy importante, por ello, las disputas en torno a su coparticipación.

Saliendo por un momento de la coyuntura, hay un consenso generalizado en las disciplinas sociales de que uno de los principales frenos al desarrollo de los países y las regiones económica y socialmente más atrasadas es la proliferación de la informalidad, por sus negativas consecuencias en términos de restricciones de acceso a mercados modernos, al capital de trabajo y al crédito de largo plazo, a la posibilidad de asociarse a redes y comunidades productivas, en fin, a la posibilidad de acceder a las herramientas del crecimiento y del progreso.

Desde este punto de vista, el impuesto al cheque es una carga impositiva muy dañina para el desarrollo económico y social, precisamente porque penaliza a las empresas y a las personas que operan sus negocios y sus ahorros en la formalidad, y premia implícitamente a aquellos que retiran sus fondos del sistema bancario formal para operar directamente con dinero en efectivo en la informalidad. Por esto, como el impuesto el cheque es un fuerte inductor a la informalidad es un obstáculo al desarrollo económico y social.

Bajo este marco conceptual, no es una buena idea que el gobierno nacional y las provincias, o, si se quiere, el oficialismo y las fuerzas de la oposición, se disputen el impuesto al cheque como un ‘botín‘ o una prenda de cambio. El destino que debe tener el impuesto al cheque es su eliminación. Obviamente, que su eliminación repentina puede ser técnica y políticamente complicada, por lo cual una forma indirecta de ir eliminando al menos sus efectos más perversos es permitir progresivamente tomarlo como un adelanto de IVA y/o del impuesto a las ganancias.

Alternativamente, una idea que nadie baraja pero que podría servir es cambiar el diseño del impuesto, de forma tal de eliminar el impuesto para las transacciones interbancarias (así no se penaliza a quienes operan por dentro el sistema bancario) y estipular que se pague cuando las personas y las empresas extraen o cobran los cheques en efectivo. Esto último sería una forma de penalizar a quienes informalizan y no gravar a los que operan en la formalidad.

Pero, en cualquier caso, el destino del impuesto debe ser tender a desaparecer, ya sea subsumido por otros impuestos (IVA y ganancias), o bien, modificado su diseño para mejorar sus incentivos. Ambas alternativas se traducen en menor recaudación de este impuesto.

Por esto, el principal desafío que se enfrenta a la hora de redistribuir de manera automática entre las provincias el impuesto al cheque, no es como tapar el ‘bache‘ financiero que esto le provoca a la nación (dado que con reducir algunos de los subsidios a empresas públicas y privadas más cuestionables bastaría para compensar la pérdida de la parte del impuesto que se coparticiparía), sino como evitar que las provincias generen una dependencia tan fuerte que luego se haga muy difícil en el futuro eliminarlo.

Cabe recomendar, entonces, enfáticamente que en la misma ley que se establezca la coparticipación del impuesto se fije un cronograma para que rápidamente se permita considerarlo como pago a cuenta del IVA y ganancias, o para su modificación. Pero no debe ser asumido por las provincias como un recurso permanente.

El capítulo más importante y complejo de esta historia de la coparticipación del impuesto al cheque va a ser lograr a que las provincias mejoren la gestión de su gasto público. La prioridad debería ser bajar el muy elevado endeudamiento que hoy tienen las provincias y en aquellos casos donde haya poca deuda destinar los recursos a inversiones (por ejemplo, alguna obra de infraestructura importante que se esté postergando).

Pero es clave que las provincias entiendan y asuman que esta nueva fuente de financiamiento no es para financiar gasto corriente sino para modernizar su gestión y garantizar el equilibrio fiscal provincial. De esta forma, en el futuro el país tendría un impuesto inductor a la informalidad menos y sectores públicos provinciales más eficientes. Un paso adelante en el camino al progreso económico y social.

Fuente: orge Colina. Economista de IDESA. Especial para Cronista.com