Los bloques de la oposición sufrieron en las últimas semanas una serie de sucesivos tropiezos en las dos cámaras parlamentarias, que terminaron por agrietar aquel efímero Grupo A e, incluso, dejar en offside a algunos líderes opositores que no pudieron sostener en el debate parlamentario lo que repetían en los programas televisivos. Frente a este panorama, la estrategia ahora parece ser intentar coaptar la discusión en torno a la coparticipación del impuesto al cheque para retomar el control sobre la agenda política y mediática.
Sin embargo, el impulso que los partidos opositores quisieron dar a esta reforma se volvió en contra de esos mismos bloques, dado que los propios gobernadores se mostraron en disconformidad con la iniciativa. Aquellos actores políticos que iban a apoyar con firmeza la medida, terminaron soltando la mano que nunca dieron.
Además, la tentativa ofreció otro revés para la oposición: la discusión sobre la coparticipación dejó a la luz una serie de incentivos y giros financieros que la Nación realiza a las provincias desde hace años, aún por encima de los supuestos beneficios federales que acarrearía la coparticipación plena del impuesto a los débitos y créditos bancarios (popularmente llamado impuesto al cheque).
Quizás el elemento central que tiene el oficialismo como contrapeso a la iniciativa de la oposición es el Programa de Asistencia Financiera (PAF). Básicamente, se trata de una refinanciación del capital de las deudas provinciales, encarada por la Nación, con un plazo de pago de ocho años, con uno de gracia, y una tasa subsidiada del 8 por ciento.
En el Presupuesto Nacional 2010, los recursos asignados para el PAF son de 11.870 millones de pesos. En contraposición, si se coparticipara la totalidad del impuesto al cheque, el beneficio para las provincias no llegaría a los 10.000 millones. A esos 2.000 millones de diferencia, hay que sumar además el Fondo Federal Solidario, que coparticipa con las provincias una parte importante de los ingresos sojeros, con un estimado para 2010 de otros 6.500 millones como piso.
No fue una tarea demasiado compleja para el oficialismo el convencer a los gobernadores de la inconveniencia de la modificación del reparto del impuesto. Sucede que si se desfinancia al Estado nacional en 10.000 millones de pesos (que fueron aprobados en el presupuesto hace pocos meses), es casi predecible que esos fondos se recortarán de otras transferencias, como es el caso del PAF.
Esta herramienta adquiere un carácter vital en muchas provincias que, sin el PAF, no podrían hacer frente a sus obligaciones fiscales y financieras. Hay que contemplar también que la refinanciación de sus deudas es a una tasa del 8 por ciento, por lo que todos aquellos puntos porcentuales que falten para alcanzar la inflación anual son subsidiados plenamente por el Gobierno nacional.
En ese marco, el año pasado el Gobierno nacional firmó convenios de refinanciación de deudas con diez provincias, por un total de 6.500 millones de pesos. Mientras que, en concepto de Fondo Federal Solidario, desde su creación a comienzos de 2009 hasta el 31 de diciembre pasado, se transfirieron a las provincias casi 3.000 millones. Es decir, entre estas dos herramientas, durante un año de crisis económica mundial, el Ejecutivo nacional giró al interior unos 10.000 millones, mientras que para el ejercicio 2010 la cifra podría llegar a duplicarse.
A estos números hay que sumar, naturalmente, todos los otros recursos coparticipados, dado que el impuesto al cheque representa apenas el cinco por ciento de esa masa de fondos. En verdad, entre IVA y Ganancias se conforma el 70 por ciento de los recursos coparticipables.
Un cheque rechazado. Para contrarrestar la iniciativa opositora, la presidenta Cristina Fernández anunció que para el ejercicio 2011 se estudiará la anulación absoluta del impuesto al cheque. No es un punto para nada menor, porque si se aprobara la coparticipación plena de este gravamen conllevaría la casi imposibilidad en el futuro de derogarlo, manteniéndose así un impuesto que se impulsó bajo la emergencia económica nacional y que es uno de los más distorsivos de la estructura tributaria.
Actualmente, se coparticipa de este gravamen el 30 por ciento, que en números representa para las provincias cerca de 3.500 millones de pesos. De aprobarse el proyecto que impulsa el bloque opositor en el Parlamento, las principales beneficiarias serían Santa Fe y Corrientes, mientras que la Provincia de Buenos Aires saldría particularmente perjudicada del nuevo esquema de reparto.
De los encuentros que Cristina Fernández mantuvo con diferentes gobernadores, quedó resonando un proyecto que acercó el mandatario salteño, Juan Manuel Urtubey, para impulsar la creación de un Fondo de Desarrollo Estructural, que venga a salvar las falencias de la ley de coparticipación que cumplió ya 22 años. La propuesta apunta concretamente a reducir a la mitad el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, en un plazo de cinco años.
Mientras tanto, la posible derogación comenzó ya a recibir apurados guiños favorables por parte de las cámaras empresariales, que se suman entonces al rechazo anticipado a la iniciativa opositora por parte de casi todos los gobernadores. Si a este panorama se agrega que el Gobierno nacional pudo demostrar que su compromiso financiero con las provincias no es una cuestión electoral sino que viene desde hace años y, en muchos casos, representó directamente el salvataje de los estados locales, la ecuación para los opositores termina dando negativa.
Esta batalla política (porque, al fin y al cabo, eso fue) parece nuevamente haber quedado en manos del oficialismo, y encima sobre un tema que se posicionó históricamente como un tabú para el kirchnerismo: la relación con los gobiernos provinciales.
Un "capricho" legislativo. "Los gobernadores no quieren que se toque la ley del cheque. Eso es sólo un capricho de algunos legisladores", sentenció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, entre medio de las reuniones de la Presidenta con mandatarios provinciales. Este apoyo casi generalizado seguramente va de la mano con las declaraciones del ministro Florencio Randazzo: "el compromiso de la Presidenta es que no vamos a dejar que ninguna de las provincias entre en dificultades, nosotros vamos a ayudar a todas porque no hay ninguna posibilidad de que a las provincias les vaya bien si al Gobierno nacional le va mal".
En el análisis particularizado, son mayoría las provincias que prefieren mantener el esquema actual, compensado con el PAF y otros programas de transferencias de recursos.
San Juan, por ejemplo, precisará del PAF unos 185 millones de pesos para afrontar los vencimientos de la deuda pública, sumado a la coparticipación del Fondo Federal Solidario por la que recibirá un piso de 170 millones. Si se coparticipara plenamente el impuesto al cheque y la provincia dejara de recibir estos recursos, la ecuación le da negativa por casi 20 millones.
En idéntico sentido, el neuquino Jorge Sapag advirtió que el proyecto de la oposición implicaría "perjuicios serios" para su provincia. "No queremos que las iniciativas o la defensa de nuestros intereses la hagan legisladores de la oposición que por allí no interpretan los verdaderos problemas que tiene Neuquén", disparó con dureza el mandatario. Sucede que su provincia, de cambiar el reparto del impuesto al cheque, podría recibir 150 millones; sin embargo, para este año estima obtener una asistencia financiera de Nación por casi 400 millones.
En Tierra del Fuego la situación no es muy diferente. El gobierno que conduce Fabiana Ríos atraviesa una ajustada situación fiscal, que le ofrece pocos caminos para lograr financiamiento, y es la asistencia financiera de la Nación quizás la más viable opción que se le presenta. "Lo que necesariamente debemos respetar son las reglas de la institucionalidad democrática, donde la legitimidad del voto en la distribución parlamentaria debe ser respetada en todos los ámbitos", afirmó Ríos al terminar su encuentro con Cristina Fernández y remarcó la necesidad de "defender la gobernabilidad".
También Ricardo Colombi, el gobernador de Corrientes, se sumó a esta línea: "tenemos que adoptar una actitud que asegure la gobernabilidad, tanto nacional, como provincial y municipal". Esta provincia en 2010 tiene previsto la reprogramación de sus pasivos que ascienden a 900 millones de pesos.
La lista sigue y naturalmente se fortalece en todas aquellas provincias en las que gobierna el kirchnerismo. De acuerdo con un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), entre febrero de 2010 e igual mes del año anterior, "las transferencias de Nación a las provincias, tanto corrientes como de capital, crecieron un 66 y un 64 por ciento, respectivamente".
La Ley de Coparticipación detalla que ninguna jurisdicción puede recibir por parte del Estado menos fondos que en el ejercicio anterior. Ese marco legal, que se sancionó en 1988, determina además que un 15 por ciento de los fondos coparticipables corresponden a la Anses.
El cheque no es garantía. A la ya reñida disputa política, se sumó en el transcurso de la semana un informe técnico que terminó por desinflar el globo de expectativas de muchos de los líderes de la oposición. En el fragor de los encuentros entre la Presidenta y los gobernadores, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) presentó un extenso informe bajo el título "Modificación del impuesto al cheque: provincias que ganarían, provincias que saldrían hechas y provincias que perderían".
Una de las principales conclusiones a las que arribó el Instituto fue que "las disparidades entre provincias no cambiarían si se modificara el actual reparto de la recaudación del impuesto al cheque".
El estudio sostiene que un mayor porcentaje de distribución automática de recursos "no implica necesariamente una mayor asignación nominal de dinero a las provincias", aunque destaca que "se lograría un importante avance en institucionalidad".
"Junto a los envíos automáticos de coparticipación, las provincias reciben otras transferencias de fondos por parte de la Nación, que no siguen en general un orden preestablecido sino que son decididas en cada período a través de asignaciones de fondos nacionales bajo los conceptos Transferencias corrientes y Transferencias de capital", explica el IARAF.
Finalmente concluye: "las mayores ganancias que obtendrían las provincias por la coparticipación total del impuesto al cheque, se verían compensadas por el envío de menos fondos a través de una reducción en las transferencias no automáticas".
El razonamiento no dista demasiado del que muchos representantes del oficialismo pasean por radios y programas televisivos. Es decir, si a las cuentas nacionales se le quitan 10.000 millones de pesos aprobados en el presupuesto, ese dinero inexorablemente se recortará de otros planes o asignaciones, salvo que se postule una nueva forma de obtener ese ingreso.
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