Hace 77 años, un 7 de febrero de 1933, la Argentina firmaba con Inglaterra lo que se dio en llamar el Pacto Roca-Runciman, que para muchos políticos de entonces, entre ellos el senador Lisandro de la Torre, y para gran parte de la historiografía argentina constituyó una de las negociaciones más vergonzosas de nuestros 200 años de historia. Los términos del arreglo deparaban, sin embargo, una sorpresa más: una cláusula secreta que se conoció tiempo después y que hoy cobra una sugerente actualidad: la creación en la Argentina de un Banco Central Mixto donde se le otorgaba a la banca privada de capital predominantemente británico el control financiero del país.
¿Cómo se llega a esta situación? Luego de la crisis económica mundial de 1930 los mercados internacionales se cerraban sobre sí mismos y el gobierno de Agustín P. Justo, que había participado en el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen, estaba decidido a conceder al Imperio Británico grandes ventajas comerciales, financieras y legales a cambio de poder seguir vendiéndoles productos agropecuarios. Eran los tiempos de la llamada “Década Infame” caracterizada por altos niveles de corrupción, fraude electoral y represión. Luego de largas décadas de prosperidad, el modelo agroexportador que tanto había beneficiado a los grandes exportadores se veía amenazado, y llegar a un acuerdo con Gran Bretaña se les tornaba desesperantemente necesario. Las exigencias inglesas para comprar carne argentina abarcaban temas tan diversos como monopolio del transporte público, monopolio de los frigoríficos y privilegios financieros.
El gobierno argentino le encargó a Sir Otto Niemeyer, director del Banco de Inglaterra, el proyecto de creación del BCRA, incluida su Carta Orgánica. El 31 de mayo de 1933 se aprobó la ley que pone al banco en funciones. De esta forma pasa a quedar sin efecto la Caja de Conversión, herramienta institucional que regía las finanzas argentinas desde 1890 junto al Banco Nación, que a partir de entonces resigna su rol y queda subordinado. El Banco Central que se creó le impuso al Estado obligaciones (debía poner la mitad de los capitales) pero no derechos: no tenía poder de decisión (sólo cinco directores entre doce) ni la capacidad de tomar préstamos para el gobierno nacional, provincial o municipal. En suma, protegía los intereses privados para que el Estado no los perjudicara, y a la vez favorecía el endeudamiento externo del país.
Su primer director general fue Raúl Prebisch, quien guió la institución hasta 1943.
En marzo de 1947, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se operó el primer gran golpe de timón: por Ley 12.962 se nacionalizó el Banco Central y todo el sistema bancario argentino. Esta medida implicó un cambio profundo respecto del rol del BCRA en los lineamientos económicos generales y por ello la idea de autonomía y control privado fue abandonada.
Los planes y las ideas económicas del gobierno que asumió en 1946 no eran compatibles con las pautas liberales con las que el banco fue fundado. Al respecto las declaraciones de Juan Domingo Perón no dejaban lugar a dudas: “La economía y el libre mercado son sólo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de éste”.
Para satisfacer las necesidades del comercio externo e interno se propuso organizar un mecanismo de crédito que permitiera al gobierno contar con medios de financiación que no estuvieran supeditados a intereses de bancos particulares ni a empresas extrajeras. Por ello se dispuso la nacionalización de los depósitos bancarios que, en lo sucesivo, fueron recibidos por el Banco Central, por cuenta de la Nación. Los bancos no podían disponer libremente de los depósitos que recibían y, para ello, necesitaban la autorización del Banco Central. Para muchos políticos y economistas de la época, opositores al peronismo, estas medidas resultaban un avasallamiento del Banco Central y las instituciones. Incluso no faltó quien tildo al peronismo de comunista. Sin embargo, esta política había sido votada por el Congreso y refrendada en la reforma constitucional de 1949 en su artículo 39.
En septiembre de 1955 el golpe militar que destituyo a Perón tomó drásticas y predecibles medidas económicas.
Como si nuestra historia fuera un péndulo, los avatares políticos van delineando nuevas relaciones de fuerza que se plasman claramente en la economía y los intereses que se imponen. Resulta fuertemente simbólico el regreso de Raúl Prebisch al poder. El plan que lleva su nombre inicia un camino que nos resulta conocido.
En efecto, en 1956, mientras se fusilaba a los militares nacionalistas fieles al gobierno constitucional y se perseguía y reprimía a los trabajadores, Argentina entraba en el Fondo Monetario Internacional; se suprimió el control nacional del Banco Central, y se lo sometió a las normas del Banco de Inversiones de Basilea, cuya sede está ubicada en la ciudad suiza del mismo nombre, y funciona como un Banco Central de Bancos Centrales.
Al grito de ¡Autonomía! Se proclamó la independencia del banco respecto al Poder Ejecutivo pero se lo puso bajo la supervisión y normativa de un banco privado supranacional propiedad de los Bancos Centrales de los países industrializados. Por ese entonces aparece la amarga queja de Arturo Jauretche, quien escribe un libro cuyo título hace innecesario sumar comentarios: el Plan Prebisch. Retorno al coloniaje.
El rol que ha tenido el endeudamiento externo en nuestra economía de la mano del asesoramiento del FMI es ya por demás conocido. Pero en esta breve historia crítica del BCRA no se puede dejar de revisar la etapa de la última dictadura militar, en la que la institución fue una herramienta clave para el descontrolado aumento de la deuda externa, de la que increíblemente no hay registros contables, como demostró la comisión investigadora del Congreso de la Nación y la Justicia por medio del fallo del juez Jorge Ballesteros.
Como símbolo máximo de la inequidad y arbitrariedad queda el paso de Domingo Cavallo como presidente del BCRA en 1982. En el que mediante un seguro de cambio le garantiza a grandes empresas privadas la nacionalización de la deuda que habían contraído en el exterior, algunas incluso, con sus propias casas matrices. Generando un crecimiento exorbitante de la deuda pública.
El debate que se nos presenta va mucho más allá de Redrado, y el modo en que se lo eyectó. Con más de 47.000 millones de dólares de reservas, una de las cifras más imponentes que se recuerden, la discusión es claramente política y no sólo económica o metodológica. ¿Qué hacer con esos recursos?
El Banco Central no es un templo sagrado con sacerdotes que lo vigilan. Es una institución que estuvo desde su nacimiento al servicio de distintos proyectos.
En este año del Bicentenario se va a hablar mucho de historia. Si de algo puede servirnos pensar nuestro pasado es para poner sobre el tapete qué proyecto de Nación nos encolumna de cara al futuro y, desde esa línea, sin dogmas indiscutibles y sin tecnicismos falsamente neutros decidir qué sentido, qué forma y al servicio de qué intereses ponemos a instituciones como el Banco Central.
Por Sergio Wischñevsky - Por Sergio Wischñevsky
¿Cómo se llega a esta situación? Luego de la crisis económica mundial de 1930 los mercados internacionales se cerraban sobre sí mismos y el gobierno de Agustín P. Justo, que había participado en el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen, estaba decidido a conceder al Imperio Británico grandes ventajas comerciales, financieras y legales a cambio de poder seguir vendiéndoles productos agropecuarios. Eran los tiempos de la llamada “Década Infame” caracterizada por altos niveles de corrupción, fraude electoral y represión. Luego de largas décadas de prosperidad, el modelo agroexportador que tanto había beneficiado a los grandes exportadores se veía amenazado, y llegar a un acuerdo con Gran Bretaña se les tornaba desesperantemente necesario. Las exigencias inglesas para comprar carne argentina abarcaban temas tan diversos como monopolio del transporte público, monopolio de los frigoríficos y privilegios financieros.
El gobierno argentino le encargó a Sir Otto Niemeyer, director del Banco de Inglaterra, el proyecto de creación del BCRA, incluida su Carta Orgánica. El 31 de mayo de 1933 se aprobó la ley que pone al banco en funciones. De esta forma pasa a quedar sin efecto la Caja de Conversión, herramienta institucional que regía las finanzas argentinas desde 1890 junto al Banco Nación, que a partir de entonces resigna su rol y queda subordinado. El Banco Central que se creó le impuso al Estado obligaciones (debía poner la mitad de los capitales) pero no derechos: no tenía poder de decisión (sólo cinco directores entre doce) ni la capacidad de tomar préstamos para el gobierno nacional, provincial o municipal. En suma, protegía los intereses privados para que el Estado no los perjudicara, y a la vez favorecía el endeudamiento externo del país.
Su primer director general fue Raúl Prebisch, quien guió la institución hasta 1943.
En marzo de 1947, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se operó el primer gran golpe de timón: por Ley 12.962 se nacionalizó el Banco Central y todo el sistema bancario argentino. Esta medida implicó un cambio profundo respecto del rol del BCRA en los lineamientos económicos generales y por ello la idea de autonomía y control privado fue abandonada.
Los planes y las ideas económicas del gobierno que asumió en 1946 no eran compatibles con las pautas liberales con las que el banco fue fundado. Al respecto las declaraciones de Juan Domingo Perón no dejaban lugar a dudas: “La economía y el libre mercado son sólo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de éste”.
Para satisfacer las necesidades del comercio externo e interno se propuso organizar un mecanismo de crédito que permitiera al gobierno contar con medios de financiación que no estuvieran supeditados a intereses de bancos particulares ni a empresas extrajeras. Por ello se dispuso la nacionalización de los depósitos bancarios que, en lo sucesivo, fueron recibidos por el Banco Central, por cuenta de la Nación. Los bancos no podían disponer libremente de los depósitos que recibían y, para ello, necesitaban la autorización del Banco Central. Para muchos políticos y economistas de la época, opositores al peronismo, estas medidas resultaban un avasallamiento del Banco Central y las instituciones. Incluso no faltó quien tildo al peronismo de comunista. Sin embargo, esta política había sido votada por el Congreso y refrendada en la reforma constitucional de 1949 en su artículo 39.
En septiembre de 1955 el golpe militar que destituyo a Perón tomó drásticas y predecibles medidas económicas.
Como si nuestra historia fuera un péndulo, los avatares políticos van delineando nuevas relaciones de fuerza que se plasman claramente en la economía y los intereses que se imponen. Resulta fuertemente simbólico el regreso de Raúl Prebisch al poder. El plan que lleva su nombre inicia un camino que nos resulta conocido.
En efecto, en 1956, mientras se fusilaba a los militares nacionalistas fieles al gobierno constitucional y se perseguía y reprimía a los trabajadores, Argentina entraba en el Fondo Monetario Internacional; se suprimió el control nacional del Banco Central, y se lo sometió a las normas del Banco de Inversiones de Basilea, cuya sede está ubicada en la ciudad suiza del mismo nombre, y funciona como un Banco Central de Bancos Centrales.
Al grito de ¡Autonomía! Se proclamó la independencia del banco respecto al Poder Ejecutivo pero se lo puso bajo la supervisión y normativa de un banco privado supranacional propiedad de los Bancos Centrales de los países industrializados. Por ese entonces aparece la amarga queja de Arturo Jauretche, quien escribe un libro cuyo título hace innecesario sumar comentarios: el Plan Prebisch. Retorno al coloniaje.
El rol que ha tenido el endeudamiento externo en nuestra economía de la mano del asesoramiento del FMI es ya por demás conocido. Pero en esta breve historia crítica del BCRA no se puede dejar de revisar la etapa de la última dictadura militar, en la que la institución fue una herramienta clave para el descontrolado aumento de la deuda externa, de la que increíblemente no hay registros contables, como demostró la comisión investigadora del Congreso de la Nación y la Justicia por medio del fallo del juez Jorge Ballesteros.
Como símbolo máximo de la inequidad y arbitrariedad queda el paso de Domingo Cavallo como presidente del BCRA en 1982. En el que mediante un seguro de cambio le garantiza a grandes empresas privadas la nacionalización de la deuda que habían contraído en el exterior, algunas incluso, con sus propias casas matrices. Generando un crecimiento exorbitante de la deuda pública.
El debate que se nos presenta va mucho más allá de Redrado, y el modo en que se lo eyectó. Con más de 47.000 millones de dólares de reservas, una de las cifras más imponentes que se recuerden, la discusión es claramente política y no sólo económica o metodológica. ¿Qué hacer con esos recursos?
El Banco Central no es un templo sagrado con sacerdotes que lo vigilan. Es una institución que estuvo desde su nacimiento al servicio de distintos proyectos.
En este año del Bicentenario se va a hablar mucho de historia. Si de algo puede servirnos pensar nuestro pasado es para poner sobre el tapete qué proyecto de Nación nos encolumna de cara al futuro y, desde esa línea, sin dogmas indiscutibles y sin tecnicismos falsamente neutros decidir qué sentido, qué forma y al servicio de qué intereses ponemos a instituciones como el Banco Central.
Por Sergio Wischñevsky - Por Sergio Wischñevsky
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