Al igual que sus pares de otras naciones, los funcionarios argentinos Amado Boudou y Mercedes Marcó del Pont, llegaron hoy temprano, bajo el sol de una mañana primaveral, a la sede principal del FMI, para participar del encuentro.
La propuesta incluye que existan, a cargo de las entidades, una contribución para la estabilidad y un impuesto sobre los ingresos obtenidos por cada banco por sus actividades financieras, que sería administrado por cada Estado. Se busca evitar que, en eventuales crisis futuras, los gobiernos deban hacer millonarios desembolsos para rescatar bancos, tal como ocurrió en los Estados Unidos con el debacle que provocaron las hipotecas subprime, que tuvo su punto máximo un año y medio atrás.
Desde los países emergentes existe resistencia hacia la iniciativa, según trascendió. Se sostiene que no todos los Estados resultaron afectados por la última crisis, y que en todo caso, una medida como la sugerida por el Fondo, terminaría elevando costos para las operaciones realizadas por los actores económicos.
Más allá de ese debate, hoy Boudou comparte la jornada con ministros de los países con los que la Argentina mantiene deuda en default -el llamado Club de París- y no se descarta que mantenga conversaciones sobre la posible salida de la situación irregular. Se trata de compromisos impagos por alrededor de US$ 7500, entre todos los Estados que tienen acreencias. Si bien en un momento la presidenta Cristina Kirchner había anunciado la decisión de cancelar esa deuda en un solo pago, luego el hecho no se produjo.
Una de las premisas de funcionarios del grupo de países acreedores es que, como condición necesaria para negociar las condiciones del pago, la Argentina debería cumplir con la revisión de sus números fiscales que está prevista en el artículo IV del FMI. Sin embargo, el Gobierno se resiste a la visita de los auditores, bajo el argumento de que no quieren condicionamientos ni críticas a las políticas oficiales. En el medio, están también los cuestionamientos que el organismo multilateral viene haciendo a las estadísticas del desprestigiado Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Sin embargo, desde el Ministerio de Economía se sostiene que la revisión del artículo IV no es necesaria para la negociación con el Club de París, ya que lo que se exige -según explican- es tener un programa con el organismo, cosa que no le podría ser pedida a la Argentina por no mantener deudas pendientes de pago.
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