El proyecto de un diputado oficialista sobre entidades financieras propicia regulaciones que sólo aportarían riesgo bancario
En momentos en que el gobierno argentino intenta sumar adhesiones al canje de la deuda en default, es necesario entender que este hecho no debería ser visto como la posibilidad de sacarse de encima un problema, sino como una oportunidad para recuperar la confianza internacional. Sin embargo, poco podrá esperarse en este último terreno mientras persistan desde el oficialismo los ataques a la seguridad jurídica y proyectos demostrativos de un exacerbado afán intervencionista.
Con la firma y la autoría del diputado Carlos Heller, ingresó en la Cámara baja para su tratamiento un proyecto de reforma de la ley de entidades financieras. Esta iniciativa va más allá de la introducción de meras modificaciones al marco legal en vigor, sino que apunta a una mayor intervención estatal en el funcionamiento del sistema financiero. El punto de partida es declarar la actividad bancaria como servicio público. De esta forma, se abre un espacio amplio para postular regulaciones y limitaciones a la capacidad de las entidades de orientar libremente sus acciones.
Este nuevo proyecto no trata de reducir el riesgo sistémico como lo están haciendo casi todos los gobiernos del mundo luego de la crisis de 2008/2009. Por el contrario, al imponer, por ejemplo, tasas de interés y porcentajes obligatorios de préstamos a pequeñas y medianas empresas, además de otras medidas intervencionistas, acentuará, y no disminuirá, el riesgo de la actividad bancaria en detrimento tanto de las entidades como de los ahorristas. Al mismo tiempo, se restará capacidad y flexibilidad a las gerencias de riesgo para evaluar el correcto otorgamiento de créditos.
En el mundo, por regla general, las regulaciones al sistema financiero persiguen asegurar la solvencia y la competencia. Luego de desatada la crisis financiera internacional, se han acentuado las regulaciones que impidan la formación de burbujas y que obligan a suministrar más información y asegurar transparencia hacia los depositantes y hacia los bancos centrales. En cambio, no se observan avances en otro tipo de intervenciones que persigan imponer a la banca privada objetivos políticos o prioridades sectoriales en la asignación del crédito. Esta clase de objetivos se reservan para la banca oficial o para los organismos gubernamentales de ayuda.
Otro aspecto riesgoso del nuevo proyecto es la estatización del sistema de garantía de depósitos. Esto implica crear una nueva caja al fácil alcance del gobierno nacional y, por otro lado, el manejo estatal resultará en más ineficiencia y mayores espacios para la corrupción.
Es criticable en el nuevo proyecto de ley la discriminación en contra de los bancos de capital extranjero, para los cuales se postulan mayores limitaciones y exigencias. Esto refleja un sentimiento chauvinista y populista que contraría el artículo 20 de nuestra Constitución nacional y que atenta contra la expansión y la tecnificación del sistema. Dice, por ejemplo, que los bancos de capital externo "responderán con la totalidad de su patrimonio local y el de su casa matriz por las pasivos que contraigan en la República Argentina". Esto supera los límites que fija la ley de sociedades. No puede dejarse de pensar que este tipo de restricciones hacia la banca extranjera permita luego facilitar la manipulación oficial orientada al capitalismo de amigos.
En definitiva, de sancionarse este proyecto de ley se produciría un retroceso en el régimen regulatorio de las entidades financieras. Se le daría un carácter claramente estatista e intervencionista, que lejos de asegurar una mayor confiabilidad del sistema incorporaría más riesgos e ineficiencias.
http://www.lanacion.com.ar
En momentos en que el gobierno argentino intenta sumar adhesiones al canje de la deuda en default, es necesario entender que este hecho no debería ser visto como la posibilidad de sacarse de encima un problema, sino como una oportunidad para recuperar la confianza internacional. Sin embargo, poco podrá esperarse en este último terreno mientras persistan desde el oficialismo los ataques a la seguridad jurídica y proyectos demostrativos de un exacerbado afán intervencionista.
Con la firma y la autoría del diputado Carlos Heller, ingresó en la Cámara baja para su tratamiento un proyecto de reforma de la ley de entidades financieras. Esta iniciativa va más allá de la introducción de meras modificaciones al marco legal en vigor, sino que apunta a una mayor intervención estatal en el funcionamiento del sistema financiero. El punto de partida es declarar la actividad bancaria como servicio público. De esta forma, se abre un espacio amplio para postular regulaciones y limitaciones a la capacidad de las entidades de orientar libremente sus acciones.
Este nuevo proyecto no trata de reducir el riesgo sistémico como lo están haciendo casi todos los gobiernos del mundo luego de la crisis de 2008/2009. Por el contrario, al imponer, por ejemplo, tasas de interés y porcentajes obligatorios de préstamos a pequeñas y medianas empresas, además de otras medidas intervencionistas, acentuará, y no disminuirá, el riesgo de la actividad bancaria en detrimento tanto de las entidades como de los ahorristas. Al mismo tiempo, se restará capacidad y flexibilidad a las gerencias de riesgo para evaluar el correcto otorgamiento de créditos.
En el mundo, por regla general, las regulaciones al sistema financiero persiguen asegurar la solvencia y la competencia. Luego de desatada la crisis financiera internacional, se han acentuado las regulaciones que impidan la formación de burbujas y que obligan a suministrar más información y asegurar transparencia hacia los depositantes y hacia los bancos centrales. En cambio, no se observan avances en otro tipo de intervenciones que persigan imponer a la banca privada objetivos políticos o prioridades sectoriales en la asignación del crédito. Esta clase de objetivos se reservan para la banca oficial o para los organismos gubernamentales de ayuda.
Otro aspecto riesgoso del nuevo proyecto es la estatización del sistema de garantía de depósitos. Esto implica crear una nueva caja al fácil alcance del gobierno nacional y, por otro lado, el manejo estatal resultará en más ineficiencia y mayores espacios para la corrupción.
Es criticable en el nuevo proyecto de ley la discriminación en contra de los bancos de capital extranjero, para los cuales se postulan mayores limitaciones y exigencias. Esto refleja un sentimiento chauvinista y populista que contraría el artículo 20 de nuestra Constitución nacional y que atenta contra la expansión y la tecnificación del sistema. Dice, por ejemplo, que los bancos de capital externo "responderán con la totalidad de su patrimonio local y el de su casa matriz por las pasivos que contraigan en la República Argentina". Esto supera los límites que fija la ley de sociedades. No puede dejarse de pensar que este tipo de restricciones hacia la banca extranjera permita luego facilitar la manipulación oficial orientada al capitalismo de amigos.
En definitiva, de sancionarse este proyecto de ley se produciría un retroceso en el régimen regulatorio de las entidades financieras. Se le daría un carácter claramente estatista e intervencionista, que lejos de asegurar una mayor confiabilidad del sistema incorporaría más riesgos e ineficiencias.
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